El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, calificó de “histórica” la decisión del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional de imponer condenas de hasta 20 años de prisión y multas de hasta 400 salarios mínimos a los implicados en las operaciones Coral y Coral 5G, acusados de corrupción administrativa.
“En este caso el tribunal ha condenado a 29 personas, evidentemente esta es una sentencia ejemplar y una victoria del Ministerio Público…Y esta sentencia es un reconocimiento al trabajo del Ministerio Público y a la fortaleza de la investigación”, dijo el magistrado.
“Nosotros esperamos que, en la medida en que nosotros sigamos presentando las pruebas como lo hemos hecho hasta ahora, los tribunales sigan enviando señales de esta naturaleza que nos permitan seguir empujando la frontera de la impunidad”, añadió Camacho tras escuchar el dispositivo de la sentencia dictado a las 2:00 de la madrugada de este martes, junto a la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), y los fiscales Jonathan Elías Pérez, Arolin Lemos, Miguel Collado, Enmanuel Ramírez y Melbin Romero.
Los condenados
El tribunal, integrado por las juezas Giselle Méndez (presidenta), Tania Yunes y Jissel Naranjo, condenó a 20 años de reclusión mayor y al pago de 400 salarios mínimos a los generales Adán Benoni Cáceres Silvestre y Juan Carlos Torres Robiou, así como al coronel Rafael Núñez de Aza.
También, fueron condenados a 15 años de prisión el general Julio Camilo De los Santos Viola y Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (la pastora), quienes además deberán pagar multas de 400 y 300 salarios mínimos a favor del Estado dominicano.
Asimismo, impone penas de 10 años de prisión a la empleada bancaria Esmeralda Ortega Polanco y al mayor policial José Manuel Rosario Pirón, quienes también deberán pagar multas de 400 y 200 salarios mínimos del sector público.
Mientras que fueron impuestos 10 años de prisión y el pago de una multa de 300 salarios mínimos del sector público al teniente coronel Kelman Santana Martínez.
De igual manera, fueron condenados a 10 años y al pago de 200 salarios mínimos el general del Ejército Boanerges Reyes Batista, el capitán de la Armada Franklín Antonio Mata Flores, la primer teniente policial Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, el primer teniente de la Fuerza Aérea Erasmo Roger Pérez Núñez.
A cinco años de prisión fueron condenados el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez y Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara.
Igualmente, Alejandro José Montero Cruz fue condenado a 5 años de prisión y al pago de una multa de 50 salarios mínimos del sector público.
Por igual, fue condenado a 3 años de prisión Pedro Roberto Castillo Nolasco.
Asimismo, fue condenada a 5 años de prisión y al pago de multas de 100 salarios mínimos Lucía de los Santos Viola, Onoris Beatriz Soto de los Santos y Epifanio Peña Lebrón.
En tanto que a 5 años de prisión y al pago de multas de 50 salarios mínimos Manuel de Jesús Alba Solano y a Élida María Trinidad Santiago.
También, fue sentenciado por mayoría de votos a 3 años de prisión y al pago de una multa de 500 mil pesos Carlos Augusto Lantigua Cruz (mayoría de votos). Además, fue condenado a 3 años de prisión y al pago de 100 salarios mínimos Raymel Pastor del Rosario Viola.
Igualmente, el tribunal ordenó la disolución y el pago multas de 200 salarios mínimos para las empresas CSNA Universo Empresarial, S.R.L.; Randa Internacional Company, E.I.R.L., Aldom Glass Alumimium, S.R.L.; Rawel Importadores S.R.L.; R & F Agroindustrial, S.R.L., y Hacienda Kelman, S.R.L..
Además, el tribunal ordenó la disolución y el pago multas de 200 salarios mínimos para las empresas CSNA Universo Empresarial, S.R.L.; Randa Internacional Company, E.I.R.L., Aldom Glass Alumimium, S.R.L.; Rawel Importadores S.R.L.; R & F Agroindustrial, S.R.L., y Hacienda Kelman, S.R.L..
Fallo absolutorio
El tribunal colegiado emitió un fallo absolutorio, aunque con varios votos disidentes, para los procesados Miguel Alfredo Ventura Pichardo, Santiago Suárez, Enmanuel Antonio Alba Trinidad, Guillermo de Jesús Torres Robiou, Tanner Antonio Flete Guzmán y Erick Daniel Pereira Núñez, así como para la Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo.
El tribunal rechazó la solicitud de las defensas de 26 imputados que pidieron a las juezas que declararan la extinción de la acción penal del proceso por corrupción administrativa que afectó a varias entidades del Estado.
La jueza Giselle Méndez resaltó que el proceso transcurrió sin dilación.
El tribunal determinó que con el dinero sustraído de las nóminas los miembros del entramado adquirieron bienes. Este tribunal al tenor de lo anteriormente señalado entiende que existen elementos de pruebas suficientes para determinar la participación de los imputados Adán Benoni Cáceres, Juan Carlos Torres Robiou, Rafael Núñez de Aza, Raúl Alejandro Girón Jiménez, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, José Manuel Rosario Pirón, Pedro Castillo Nolasco y Esmeralda Ortega Polanco en el esquema de sustracción de fondos de la nómina de los cuerpos especializados de Seguridad Turística (Cestur) y del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), comprometiendo su responsabilidad penal.
El tribunal indicó que en cuanto al Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia la acusación sostiene que se intentó trasladar a esa institución parte de la estructura que venía operando en el Cestur y en el Cusep. Indicó que a partir de las pruebas aportadas eso ocurrió.
El mayor general del Ejército de República Dominicana (ERD) Adán Cáceres Silvestre se desempeñó como director del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep); el general de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD) Julio Camilo de los Santos Viola, exsubdirector subjefe de esa institución; y el general Juan Carlos Torres Robiou, extitular del Cuerpo de Seguridad Turística (Cestur).
El Ministerio Público acusó al grupo de generales por encabezar la red compuesta por 30 personas físicas y 18 jurídicas, que operó entre 2012 y 2020, desviando fondos públicos del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur). La acusación incluye entre las entidades afectadas al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
La sentencia, que será leída de manera íntegra el próximo 14 de agosto, a partir de las 2:00 de la tarde.
