Las organizaciones sindicales, comunitarias y de la coalición por una seguridad social digna hoy presentes, reiteramos nuestros reclamos de hacer valer nuestro derecho a la seguridad social, secuestrada con la complicidad de los gobiernos, por las élites financieras que la han convertido en un negocio que les ha dado grandes beneficios.
Nos declaramos en pie de lucha por un seguro de salud que cubra el monto total del pago que deben hacer las personas afiliadas por una atención en salud o tienen que invertir en cuidados a personas con una condición especial, como mínimo en todos los casos que esos pagos ponen en riesgo el patrimonio familiar o la calidad de vida.
Anunciamos que nos movilizaremos a nivel nacional por una seguridad social que garantice una pensión digna que permita financiar la vejez sin ser carga para la familia y, además, sea capaz de compensar la pérdida del ingreso familiar ante una situación de discapacidad, enfermedad, maternidad, fallecimiento o una exclusión, total o parcial, del mercado laboral.
Al mismo tiempo, hacemos un llamado a todas las personas que viven de su trabajo, a desarrollar amplias jornadas de lucha por una seguridad social que brinde servicios orientados a prevenir y cubrir los daños ocasionados por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, independiente de la condición laboral de la persona afiliada.
Denunciamos, de nuevo, la incompetencia del actual modelo de seguridad social de brindar protección social a la población dominicana en el tema de salud, cuidados, perdidas del ingreso, pensiones y riesgos laborales, debido a la insistencia de mantener un enfoque de negocios para beneficios de los más ricos, expresado, fundamentalmente, en la permanencia de un plan básico de salud y un sistema de cuentas independientes para pensiones.
Expresamos nuestro rechazo a las propuestas que el gobierno pretende presentar. El enfoque de mercado, de negocio es lo que ha sentenciado al fracaso en materia de derechos humanos al actual modelo de seguridad social, sin embargo, las soluciones planteadas profundizan esa condición extrayendo más fondos a través de la cotización social, introducir más mecanismos y dinámicas de mercado y restringir aún más los beneficios para las personas.
Nos oponemos a un incremento de la cotización social a empresas y personas afiliadas de un 44.28% manteniendo el modelo de cuentas independientes y el plan básico de salud basado en la rentabilidad y sin cambiar, de forma significativa, la distribución de los recursos, implica más ganancias para las AFP y las ARS sin que se traduzca en beneficios para la población.
Rechazamos cualquier aumento de la edad de retiro y del número de cotizaciones para acceder a una pensión, en medio de un mercado laboral cada vez más informal, lo que representaría denegar, aún más, el derecho a la pensión a la vez que generaría mayores beneficios para las AFP.
Alertamos sobre los planes de eliminar las conquistas en materia de pensiones y salud que han logrado, bajo presión social, algunos grupos poblaciones, como en el caso de los trabajadores de la salud, de la UASD y del magisterio, entre otros, por lo que le hacemos un llamado a que se sumen a los esfuerzos por lograr una seguridad social digna y cerrarles el paso a las intenciones de recortar los derechos adquiridos. La equidad no se logra reduciendo beneficios.
Nos pronunciamos contrarios a las propuestas sobre un seguro de enfermedades catastróficas, mantener el plan básico, quitarle a SENASA la afiliación de los empleados públicos, la mercantilización abierta de las contrataciones y recursos públicos de SENASA, mantener el enfoque de mercado y a las ARS, perpetuar las cuentas individuales y las AFP, mantener un enfoque limitado en riesgos laborales, porque no se corresponde con los derechos y necesidades de las personas afiliadas. Solo responde a los intereses de las élites económicas. Es una propuesta para garantizar maximizar la rentabilidad a costa de restar protección social. Nuestra oposición es frontal.
