Table of Contents
La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) expresó este lunes su preocupación por las renuncias de cuatro magistrados de la Suprema Corte de Justicia a someterse al proceso de evaluación convocado por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), al considerar que la situación constituye una señal institucional que debe ser analizada para fortalecer la confianza en el sistema de justicia.
Durante una rueda de prensa, la organización recordó que la evaluación de desempeño de los jueces de la Suprema Corte es un mecanismo establecido por la Constitución para fortalecer la legitimidad del Poder Judicial, por lo que sostuvo que debe desarrollarse con pleno respeto al debido proceso, la independencia judicial, la objetividad, la transparencia y la motivación de las decisiones.
La ROI indicó que, aunque respeta el derecho de cada magistrado a decidir sobre la continuidad de su carrera judicial, considera necesario reflexionar sobre las condiciones institucionales que rodean el proceso cuando jueces con una larga trayectoria prefieren concluir anticipadamente su servicio antes que someterse a la evaluación constitucional.
“Cuando personas que ocupan las más altas responsabilidades dentro del Poder Judicial deciden retirarse antes de ser evaluadas, corresponde preguntarse si el sistema está generando las condiciones necesarias para fortalecer la confianza en este mecanismo constitucional y para incentivar la permanencia del talento, la experiencia y el liderazgo judicial”.
Preocupación por representación femenina
La organización destacó especialmente la decisión de las magistradas Nancy Salcedo Fernández y María Garabito Ramírez de no participar en el proceso de evaluación.
Recordó que ambas forman parte de una Suprema Corte de Justicia que en diciembre de 2025 aumentó a cinco el número de mujeres integrantes, aunque sostuvo que esa representación continúa siendo insuficiente frente al mandato constitucional de participación equilibrada entre mujeres y hombres.
Asimismo, la ROI consideró que Nancy Salcedo Fernández representaba una posibilidad histórica de que, por primera vez, una jueza de carrera presidiera la Suprema Corte de Justicia.
ROI recuerda advertencias anteriores
La entidad señaló que estas preocupaciones no son nuevas. Explicó que durante el proceso anterior de evaluación y designación de integrantes de las altas cortes presentó observaciones al reglamento, promovió criterios objetivos de evaluación, elaboró una guía de entrevistas para aspirantes y reclamó mayor transparencia y motivación de las decisiones.
También advirtió en ese momento que determinadas prácticas podían terminar desincentivando la participación de jueces en futuras evaluaciones.
En ese sentido, sostuvo que los acontecimientos actuales obligan a revisar aquellas advertencias y reiteró que la evaluación judicial debe fortalecer la carrera judicial y la confianza en las instituciones, sin generar incertidumbre sobre la permanencia de quienes han dedicado décadas al servicio de la justicia.
Reclama mayor transparencia al CNM
La Red también llamó la atención sobre la transparencia del Consejo Nacional de la Magistratura. Aunque valoró la reciente publicación de las actas correspondientes a los procesos de designación de jueces de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral celebrados en diciembre de 2025, consideró que estas continúan siendo insuficientes.
Según la organización, los documentos publicados no permiten conocer las razones que fundamentaron las decisiones adoptadas ni el contenido de las deliberaciones del Consejo.
“La transparencia no consiste únicamente en publicar documentos. Significa permitir que la ciudadanía comprenda por qué se toman las decisiones públicas y pueda verificar que estas responden exclusivamente a criterios constitucionales, legales y objetivos”.
La ROI exhortó al Consejo Nacional de la Magistratura a conducir el proceso de evaluación con respeto a la Constitución y al Estado de derecho, garantizando reglas claras, criterios objetivos y verificables, decisiones debidamente motivadas, igualdad de trato, observación ciudadana efectiva y el cumplimiento del mandato constitucional de paridad.
La organización concluyó que la legitimidad del proceso dependerá principalmente de la confianza que genere en la ciudadanía y de su capacidad para fortalecer la independencia y la carrera judicial en la República Dominicana.
