El Ministerio de Educación (Minerd) informó que concluyó las actuaciones administrativas que le correspondían en los casos de contratistas que reclaman pagos por obras ejecutadas para la institución y remitió los expedientes al Ministerio de Hacienda y Economía para continuar con el proceso de evaluación.
La medida se produce luego de la entrada en vigor de la Ley 16-26, creada para atender las reclamaciones de contratistas que aseguran haber realizado trabajos para el Estado, en algunos casos sin contratos formalizados o con situaciones administrativas pendientes que impidieron el pago de las obras ejecutadas.
Mediante una comunicación firmada por el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, el Minerd notificó oficialmente la transferencia de los expedientes a Hacienda, entidad que preside la comisión especial encargada de revisar y validar las reclamaciones.
El conflicto se originó por reclamos de cientos de contratistas que durante años han solicitado el pago de obras vinculadas principalmente a la construcción y reparación de centros educativos, alegando que ejecutaron trabajos que no fueron saldados por distintas razones administrativas o contractuales.
Para atender esa situación, el Congreso aprobó la Ley 16-26, promulgada el pasado 1 de mayo, la cual establece un mecanismo especial para revisar, evaluar y determinar la validez de las deudas reclamadas al Estado.
El Minerd explicó que ya agotó todas las acciones que le correspondían dentro del proceso y que ahora las demás instituciones contempladas en la legislación deberán asumir las etapas de revisión, validación y decisión final sobre cada expediente.
Hacienda tendrá a su cargo la evaluación
La cartera educativa indicó que el Ministerio de Hacienda y Economía, junto a la comisión creada por la ley, será responsable de analizar la documentación presentada por los contratistas para determinar cuáles reclamaciones cumplen con los requisitos establecidos por la normativa.
Asimismo, reiteró su compromiso con la transparencia, el respeto al debido proceso y la colaboración con las autoridades responsables de la aplicación de la ley.
La institución aseguró que continuará ofreciendo el apoyo necesario para facilitar la revisión de los expedientes y contribuir a que el proceso se desarrolle conforme a las disposiciones legales vigentes.
