Santo Domingo. – El Estado dominicano posee actualmente más de 4 mil bienes incautados, producto de actividades ilícitas; sin embargo, solo 147 de estos activos serán llevados a subasta en una primera jornada pública de dos que realizarán este año, organizada por el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y de Extinción de Dominio (INCABIDE).
Así lo informó su director, Manuel Oviedo Estrada, quien explicó que estos bienes ya cuentan con sentencia definitiva de decomiso a favor del Estado, condición indispensable para ser ofertados al público.
La subasta está programada para el próximo 13 de mayo en el Paraninfo de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), marcando el inicio de un proceso que, según la ley, deberá realizarse al menos dos veces al año.
Oviedo Estrada detalló que el universo de bienes incautados incluye motocicletas, vehículos de motor, botes, aeronaves, apartamentos, solares, casas y joyas, muchos de ellos vinculados a casos de alto perfil en el país.
Indicó, además, que algunos activos provienen de procesos antiguos, como el caso de José David Figueroa Agosto, cuyos bienes ya habían sido puestos en venta entre 2014 y 2019, sin encontrar compradores, por lo que permanecieron bajo custodia estatal hasta ahora.
El funcionario explicó que, tras la aprobación de la nueva ley en 2023, el INCABIDE ha comenzado a recibir formalmente estos bienes del Ministerio Público, iniciando un proceso de depuración para garantizar que solo aquellos con estatus legal definitivo sean incluidos en subasta.
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Durante la entrevista, Oviedo Estrada también destacó que la ley vigente obliga al INCABIDE a realizar un mínimo de dos subastas públicas cada año, como parte del proceso de disposición de bienes incautados. En ese sentido, adelantó que ya se trabaja en una segunda jornada para el segundo semestre de 2026, en la que se incluirían nuevos inmuebles que actualmente están en proceso de transferencia a nombre del Estado, en zonas como Jarabacoa, Villa Altagracia y La Altagracia.
En cuanto al destino de los fondos recaudados, explicó que la normativa establece un orden de prioridad. En primer lugar, los recursos deben utilizarse para resarcir a posibles víctimas de los delitos asociados a los bienes decomisados. En caso de no existir víctimas, el 90 % de lo recaudado puede ser destinado por el Estado a programas de salud, educación, reducción de adicciones, así como a la construcción de infraestructuras como escuelas, hospitales y carreteras. El 10 % restante se asigna al funcionamiento del INCABIDE, con el objetivo de que la institución pueda sostener sus operaciones.
El director del INCABIDE también fue enfático en advertir que ningún funcionario público puede utilizar bienes incautados sin la autorización expresa del Consejo Directivo de la institución. Señaló que la ley contempla sanciones de hasta cinco años de prisión y multas de hasta 200 salarios para quienes incurran en el uso indebido de estos activos, precisando que ni siquiera el propio director ejecutivo puede disponer de ellos sin esa aprobación.
Sobre el proceso de transferencia, explicó que el Ministerio Público dispone de un plazo de 30 días para entregar los bienes incautados al INCABIDE, extendiéndose hasta 90 días en caso de requerir peritajes. No obstante, reconoció que actualmente el sistema se encuentra en una etapa de transición, por lo que aún existen bienes que no han sido transferidos a la institución.
En relación con los requisitos para participar en la subasta, indicó que los interesados deben inscribirse, pagar una tarifa de 5 mil pesos no reembolsables y completar una declaración jurada en la que certifiquen que no son empleados públicos ni están vinculados a los casos de donde provienen los bienes. Además, el INCABIDE realiza verificaciones de antecedentes y de historial crediticio para validar la participación.
Asimismo, resaltó que la subasta incluirá bienes para distintos niveles económicos, desde solares y joyas de bajo costo hasta apartamentos de alto valor, un yate y aeronaves. El proceso será público, ascendente y transmitido en línea, con el objetivo de garantizar transparencia y permitir que cualquier ciudadano pueda dar seguimiento en tiempo real.
Finalmente, Oviedo Estrada explicó que la institución también implementa mecanismos para la conservación de los bienes bajo su custodia, incluyendo el arrendamiento de algunos inmuebles, cuyos ingresos se utilizan para cubrir gastos de mantenimiento y reparaciones.
Además, destacó que la nueva ley de extinción de dominio permite al Estado perseguir bienes de origen ilícito, independientemente de que el propietario sea procesado penalmente en el país, lo que evita que personas vinculadas a actividades criminales conserven activos obtenidos de manera irregular.
