Procuraduría y Conep analizan retos para la aplicación del nuevo Código Penal
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, sostuvo este martes un encuentro con una delegación del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) para abordar los desafíos que implica la implementación del nuevo Código Penal. Durante la reunión, ambas partes intercambiaron impresiones sobre la importancia de divulgar y comprender el alcance de la nueva legislación.
Reynoso destacó la disposición del sector empresarial para contribuir al proceso de socialización del Código Penal y resaltó que la nueva normativa incorpora delitos que no estaban contemplados en la legislación anterior debido a su antigüedad. Consideró que su correcta aplicación fortalecerá el sistema de justicia y la protección de los derechos de la ciudadanía.
La comisión del Conep estuvo encabezada por su presidente, Celso Juan Marranzini, e integrada por Rafael Izquierdo, Paola Ranieri, Julio Virgilio Brache, Lina García, César R. Dargan y Carlos José Martí. Durante el encuentro, los representantes empresariales expusieron las iniciativas que desarrollan para reforzar el cumplimiento de las normas legales dentro de las empresas.
Los empresarios recordaron que, durante el proceso de reforma del Código Penal, presentaron observaciones orientadas a fortalecer la seguridad jurídica del país. Además, reafirmaron su compromiso con la mejora continua de los mecanismos de cumplimiento normativo en el sector privado.
Marranzini expresó que el empresariado mantiene la voluntad de colaborar con iniciativas que fortalezcan el marco legal y promuevan un entorno de mayor confianza institucional. Sostuvo que el Conep continuará respaldando acciones dirigidas a consolidar el respeto a las normas y la seguridad jurídica.
Por su parte, Reynoso reiteró que el Ministerio Público acompañará a todos los sectores de la sociedad en el proceso de entendimiento y divulgación del nuevo Código Penal. La procuradora afirmó que una adecuada comprensión de la legislación contribuirá a garantizar una mayor protección para las víctimas, fortalecer el Estado de derecho y mejorar la seguridad ciudadana.
