La Convergencia Nacional contra el Robo de la Seguridad Social demandó a la Procuraduría General de la República retomar las investigaciones relacionadas con el presunto desfalco en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), al denunciar que el proceso se encuentra paralizado por supuestas presiones políticas orientadas a garantizar impunidad.
La entidad sostuvo que el estancamiento de las pesquisas beneficia a sectores que, según afirma, habrían obtenido ventajas económicas de recursos destinados a la salud pública, situación que calificó como una grave afrenta contra los intereses de la población dominicana.
A juicio del movimiento, la paralización de las investigaciones constituye un hecho aún más preocupante que las irregularidades denunciadas, debido a que impediría establecer responsabilidades y sancionar a los involucrados en un caso que compromete fondos destinados a garantizar servicios de salud a miles de ciudadanos.
El abogado Miguel Surún Hernández, expresidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) y presidente de la organización, afirmó que las autoridades deben explicar las razones por las que el expediente conocido como “Senasa 2.0” permanece en un prolongado letargo investigativo.
Sostuvo que no existe justificación para que, teniendo como base testimonios y elementos que en otros procesos judiciales han servido para iniciar investigaciones, en este caso no se haya avanzado con la misma determinación contra quienes presuntamente habrían resultado beneficiados de los recursos desviados.
Asimismo, señaló que las pesquisas deben alcanzar a todos los actores mencionados en el expediente, sin importar su posición económica, política o empresarial, y recordó que en el caso figuran personas que, según la denuncia, fueron favorecidas mediante acuerdos de lenidad y operaciones que involucran miles de millones de pesos.
La organización citó entre los señalados a Eduardo Read Estrella, Cynthia Acosta y Heidi Pineda, así como a Fred Oscar Imbert, vinculado a Deleste, S. A., y a Lowel Fernández Whippel, relacionado con Farmacard. Según la denuncia, estas últimas empresas habrían recibido conjuntamente alrededor de RD$8,000 millones.
Surún Hernández advirtió que la falta de acción de las autoridades envía un mensaje negativo a la sociedad y fortalece la percepción de que existen sectores protegidos frente a la persecución de la corrupción.
Finalmente, reclamó que el Ministerio Público reactive cuanto antes las investigaciones, profundice las pesquisas pendientes y establezca responsabilidades en torno a un caso que, según afirmó, involucra recursos que pertenecen al sistema de salud y, por tanto, a todos los dominicanos.
